NOTICIAS
LOCALES:
Empresarios del transporte piden llevar el boleto mínimo a $1.400 y esperan reunión con el Gobierno
El sector reclama una actualización urgente de la tarifa urbana e interurbana ante el aumento de costos operativos. La próxima semana se reunirán con autoridades provinciales para definir el nuevo cuadro tarifario
Empresarios del transporte de Catamarca solicitaron al Gobierno provincial una actualización de la tarifa del servicio urbano e interurbano, argumentando que los costos operativos se han disparado en los últimos meses. El pedido apunta a llevar el boleto mínimo a $1.400, cifra que —según explicaron— permitiría sostener la prestación y evitar un mayor deterioro del sistema.
La solicitud fue presentada ante el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, y se espera que la próxima semana se concrete una reunión clave con autoridades provinciales para analizar la estructura de costos y avanzar en la definición de un nuevo cuadro tarifario.
Desde el sector empresario advierten que el incremento en combustibles, repuestos, salarios y mantenimiento ha generado una presión insostenible sobre las empresas, que aseguran estar operando con márgenes mínimos y en riesgo de recorte de frecuencias.
El Gobierno provincial aún no se pronunció oficialmente sobre el pedido, pero fuentes cercanas al Ministerio confirmaron que se está evaluando el impacto social y económico de una eventual suba.
NACIONALES:
Investigan presunta trama de corrupción en FAdeA tras denuncias por pedido de dinero en efectivo
La Oficina Anticorrupción analiza el accionar del exgerente comercial Pablo Salort, acusado de solicitar un adelanto de U$S 30.000 fuera de protocolo. La denuncia surgió tras un acuerdo estratégico con dos empresas privadas.
La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), dependiente del Ministerio de Defensa, enfrenta una investigación interna por presunta corrupción. El caso se inició en agosto, cuando dos integrantes del cuerpo técnico denunciaron al entonces gerente comercial Pablo Salort por solicitar un adelanto en efectivo de U$S 30.000 en el marco de un acuerdo estratégico con las empresas Hangar Uno y Alta Aviación.
El contrato, firmado el 12 de agosto por el presidente de FAdeA, Julio Manco, sin pasar por el Directorio, incluía la complementación de infraestructura y el arrendamiento de un hangar en Córdoba. Días después, una auxiliar se presentó en nombre de Salort en las oficinas de Alta Aviación para pedir el adelanto, lo que fue considerado irregular por el personal de la empresa.
Las denuncias fueron presentadas ante la Gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance de FAdeA, Julia Enríquez. Entre los denunciantes figura Juan Ronco, de la gerencia de Ventas. También se habría registrado un video del episodio, actualmente resguardado para evitar su manipulación.
Como primera medida, Salort presentó su renuncia, que fue aceptada por el Directorio. La investigación fue remitida a la Oficina Anticorrupción, que confirmó a Ámbito Financiero que el expediente “se encuentra en pleno trámite” y será reservado hasta su finalización.
El caso pone bajo la lupa el proceso de contratación y la transparencia institucional en FAdeA, en un contexto de creciente atención sobre los organismos estatales vinculados a defensa y tecnología.
INTERNACIONALES:
Trump cede ante la presión y ordena desclasificar los archivos del caso Epstein
El presidente estadounidense firmó la ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los documentos vinculados al financista acusado de tráfico sexual. La medida fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y marca un giro en la postura del mandatario.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves la Epstein Files Transparency Act, una ley que ordena al Departamento de Justicia publicar todos los archivos no clasificados relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, el financista acusado de liderar una red de tráfico sexual y fallecido en prisión en 2019.
La decisión representa un giro en la postura del mandatario, que hasta hace poco calificaba el caso como una “farsa” impulsada por los demócratas para desviar la atención de su gestión. Sin embargo, la presión de víctimas, medios y miembros del propio Partido Republicano lo llevó a respaldar la iniciativa, que fue aprobada casi por unanimidad en ambas cámaras del Congreso.
La ley establece un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia publique los documentos en un formato accesible. Entre los materiales figuran transcripciones de entrevistas con víctimas y testigos, registros de vuelo, comunicaciones internas, artículos incautados en allanamientos y vínculos con personas e instituciones relevantes.
No obstante, el texto legal permite retener información que pueda comprometer investigaciones en curso o violar la privacidad de las víctimas. La fiscal general Pam Bondi aseguró que se actuará con “máxima transparencia” dentro de los límites legales.
Los archivos a desclasificar son distintos de las más de 20.000 páginas del patrimonio de Epstein que el Congreso ya publicó, y que incluyen menciones directas a Trump. En uno de los mensajes de 2018, Epstein afirmaba: “Yo soy el único capaz de acabar con él” y “Sé lo corrupto que es Donald”.
Trump, por su parte, reiteró que se distanció de Epstein a principios de los 2000 y negó cualquier implicación en delitos vinculados al financista. “Los republicanos no tienen nada que ver con Epstein. Es un problema de los demócratas”, declaró.