
La Justicia aceptó la suspensión del juicio a prueba para los profesionales imputados. Deberán realizar trabajos comunitarios en centros de salud y pagar un resarcimiento de $15,3 millones.

La causa conocida como “órdenes truchas de OSEP” llegó a una resolución judicial: la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación concedió la probation a ocho médicos acusados de fraude contra la administración pública y uso de instrumento privado adulterado. Los profesionales deberán realizar trabajos comunitarios durante un año en centros de atención primaria de salud (CAPS).
El ofrecimiento presentado por las defensas incluyó pautas de conducta, tareas comunitarias y un resarcimiento económico total de $15.300.000, monto que permitirá a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) recuperar el dinero con valores actualizados. Los acusados no tienen antecedentes penales, condición clave para acceder a la probation.
Entre los imputados están Juan León Córdoba Bustos, Marcelo González, Alejandro Codigoni, Hugo Pacheco, Lilian Pennise, Bruno Robledo, Nelson Silva y Marcelo Ubaid. Los montos cobrados por cada uno oscilan entre $5.000 y $12.000, mientras que los ofrecimientos de resarcimiento van de $1.000.000 a $3.000.000.
La causa se inició en diciembre de 2013, tras una denuncia del Colegio Médico por la presentación de órdenes médicas irregulares facturadas a OSEP a través del Círculo Médico. La investigación reveló fallas en los sistemas de auditoría de ambas instituciones.
Originalmente, fueron imputados 12 médicos. En 2019 se elevó la causa a juicio, y en 2021 se sumaron cuatro imputaciones más. En diciembre de 2024, la Cámara de Apelaciones resolvió que solo ocho profesionales fueran a debate oral por hechos consumados, mientras que otros fueron sobreseídos por prescripción.
ATE y APyT irrumpieron en la Dirección Médica tras los descuentos aplicados por paros. El hospital denunció coerción y violencia, mientras los gremios exigen la devolución de los montos y una mesa de negociación.

Un episodio de alta tensión se vivió en el Hospital Garrahan cuando representantes de ATE y APyT ocuparon las oficinas de la Dirección Médica en protesta por descuentos salariales aplicados a trabajadores que participaron de paros recientes. La acción fue calificada por autoridades como “violenta y extorsiva”, y generó momentos de tensión con el personal administrativo.
El Consejo de Administración explicó que los descuentos responden a la normativa vigente sobre presentismo y no constituyen una sanción arbitraria. Sin embargo, los gremios denunciaron que se trata de una represalia contra quienes se movilizan por mejoras salariales.
Durante la ocupación, testigos indicaron que varios empleados fueron impedidos de salir de sus oficinas. Las autoridades del hospital emitieron un comunicado en el que aseguraron que el Garrahan continúa funcionando con normalidad, con presupuesto garantizado, bonos remunerativos activos y obras en curso por más de 30 mil millones de pesos.
“El hospital es una institución al servicio de los niños y sus familias, no un espacio de militancia ni un botín gremial”, afirmaron desde la conducción. Por su parte, los gremios exigieron la restitución de los montos descontados y la apertura de una mesa de negociación inmediata.
El Consejo reiteró que no cederá “ante presiones o actos de violencia” y que defenderá el prestigio institucional y el normal funcionamiento del centro de salud.
La administración Trump prepara bombardeos contra bases vinculadas al narcotráfico. Washington acusa a Maduro de liderar una red criminal transnacional. La tensión regional crece y la ONU pide una investigación urgente.

Según reportes del Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, estaría listo para lanzar ataques militares contra instalaciones venezolanas vinculadas al narcotráfico. Los objetivos incluyen bases navales, pistas aéreas y centros de comando controlados por el ejército de Venezuela.
Washington acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una organización criminal incrustada en las fuerzas armadas venezolanas, con vínculos con el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otras redes transnacionales. La fiscal general Pam Bondi calificó a Maduro como “una amenaza para la seguridad nacional” y anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe incluye destructores, submarinos, cazas F-35B y más de 4.500 efectivos. La operación busca desarticular rutas de narcotráfico y presionar al régimen de Caracas.
Desde Venezuela, el gobierno denunció una “campaña de agresión” y puso en alerta máxima a sus fuerzas armadas. La ONU expresó “profunda preocupación” por el número de víctimas en bombardeos previos y exigió que cualquier acción se ajuste al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La comunidad internacional observa con inquietud el aumento de la tensión, mientras se teme una escalada militar con consecuencias imprevisibles para la región.