NOTICIAS
LOCALES:
Catamarca avanza en la incorporación de tecnología blockchain junto a la Academia Polkadot
El gobernador Raúl Jalil encabezó encuentros con referentes de la Polkadot Blockchain Academy para explorar aplicaciones de la tecnología en gestión pública, educación y producción. La provincia sancionó un programa de fomento para su implementación.
El Gobierno de Catamarca dio un paso significativo hacia la innovación tecnológica con la incorporación de blockchain en distintas áreas de gestión pública y privada. Durante dos jornadas de trabajo, autoridades provinciales se reunieron con representantes de la Polkadot Blockchain Academy, institución educativa oficial de Polkadot fundada por Gavin Wood.
El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a Marina Marchesotti, CBO de la Academia, junto a Carlos Aguiló, Giselle Heleg y María Sdrigotti. También participaron miembros del gabinete provincial y el diputado Gustavo Aguirre, autor del proyecto de ley que creó el “Programa de Fomento de la Investigación, Estudio y Desarrollo para la Aplicación Práctica de la Tecnología Blockchain”.
La agenda incluyó un intercambio sobre casos de uso concretos que podrían aportar transparencia, eficiencia y nuevas dinámicas económicas basadas en infraestructura descentralizada. Más de 35 decisores provinciales participaron en reuniones con ministerios de Educación, Producción, Trabajo y Salud, además de la Universidad Nacional de Catamarca.
En paralelo, Marchesotti y Aguiló ofrecieron una charla abierta en el Nodo Tecnológico sobre blockchain, Polkadot y Web3, con la asistencia de 69 personas entre equipos técnicos, académicos y referentes locales.
La iniciativa busca fomentar el desarrollo de emprendimientos vinculados a infraestructura, servicios, protocolos, software libre y hardware, consolidando a Catamarca como pionera en la aplicación práctica de blockchain en la administración pública y el sector privado.
NACIONALES:
La CGT rechazó el salario mínimo decretado por el Gobierno: “Insuficiente y desconectado de la realidad”
La central obrera cuestionó el laudo que fijó el SMVM en $328.400 y reclamó que se acerque a la Canasta Básica Total, hoy en $1.176.852. Anticipó que seguirá impulsando acciones para recuperar el poder adquisitivo.
La Confederación General del Trabajo (CGT), conducida por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, difundió este martes un comunicado en el que rechazó el laudo del Gobierno que fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400. La central calificó la cifra como “insuficiente y desconectada de la realidad socioeconómica de las y los trabajadores”.
La CGT recordó que participó de la ronda del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde presentó una propuesta integral para iniciar un proceso de recuperación del ingreso mínimo. Esa iniciativa contemplaba recomponer el poder de compra deteriorado desde noviembre de 2023 e incorporar la inflación proyectada hasta abril de 2026, con un incremento acumulado del 71,6% en tramos del 11,4%. El objetivo era aproximar el SMVM al valor de la Canasta Básica Total, que actualmente asciende a $1.176.852.
Según la central, la decisión unilateral del Ejecutivo “desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”. Por ello, insistió en que el salario mínimo debe encaminarse de manera sostenida hacia la Canasta Básica Total, considerada la única referencia válida para garantizar ingresos que cubran necesidades esenciales.
Finalmente, la CGT adelantó que continuará impulsando acciones para que el SMVM recupere su valor, vuelva a ser un parámetro efectivo para todas las escalas salariales y permita recomponer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.
INTERNACIONALES:
La familia de un pescador colombiano denunció a EE. UU. ante la CIDH por bombardeos en el Caribe
Es la primera denuncia formal contra Washington y Donald Trump por la campaña militar “Lanza del Sur”. La familia de Alejandro Carranza acusa al gobierno estadounidense de ejecuciones extrajudiciales y violaciones a derechos humanos.
La familia de Alejandro Andrés Carranza Medina, pescador colombiano identificado por el presidente Gustavo Petro como víctima civil de los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso, patrocinado por el abogado Daniel Kovalik, constituye la primera denuncia internacional contra Washington y Donald Trump por la campaña militar “Lanza del Sur”, iniciada en septiembre pasado y que ya dejó cerca de un centenar de muertos.
Según el escrito, Carranza murió el 15 de septiembre de 2025 cuando su embarcación fue atacada por el ejército estadounidense frente a las costas de Colombia. La denuncia apunta directamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusado de ordenar “matar a todos” los tripulantes de embarcaciones sospechosas, incluso sin confirmar vínculos con el narcotráfico. El documento sostiene que Trump ratificó esa conducta.
La familia acusa a Estados Unidos de violar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incluyendo el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y al debido proceso. Un testigo del ataque, líder de pescadores en Santa Marta, declaró bajo anonimato por temor a represalias.
Petro denunció públicamente que Carranza, de 42 años, no tenía relación con el narcotráfico y que el ataque ocurrió “presumiblemente” en aguas colombianas. En contraste, Trump había informado que en esa operación murieron tres “narcoterroristas venezolanos”.
La ONU y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional calificaron los bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales”. El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, afirmó que los ataques “violan el derecho internacional”. La campaña militar se extendió al Pacífico, principal ruta de narcotráfico hacia Estados Unidos, y ya dejó más de 80 muertos, con solo dos sobrevivientes identificados: un colombiano y un ecuatoriano, liberados al no probarse delitos en su contra.