
La intendenta Susana Zenteno aseguró que su espacio será reelecto en 2027, aunque no buscará un tercer mandato. Defendió el límite de dos gestiones, habló de la sucesión, respaldó una eventual candidatura de Gustavo Saadi y repasó obras, reclamos y desafíos económicos del municipio.

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, afirmó que el peronismo continuará al frente del municipio en 2027, pese a que no puede competir por un tercer mandato. “Por supuesto, vamos a ser reelectos y vamos a seguir siendo gobierno en Valle Viejo”, sostuvo, atribuyendo esa confianza al respaldo de los vecinos, con el que su espacio ganó las últimas siete elecciones.
Zenteno ratificó que cree en los límites de dos mandatos, en línea con la postura de la exgobernadora Lucía Corpacci. “En mi cabeza y en mi corazón hay tantas cosas que quisiera seguir haciendo, pero yo creo que ocho años es suficiente”, señaló. Aunque no podrá competir por la Intendencia, podría aspirar a una banca de senadora departamental o concejal. “Hay que abrir puertas para los demás y ayudar para que otros también ocupen espacios de decisión”, expresó.
Sobre la sucesión, dijo que su espacio está “abierto a hablar con todos” y evitó dar nombres. Destacó que “muchísimas mujeres y muchísimos varones” acompañaron el proyecto y están en condiciones de continuarlo. Valoró especialmente a los funcionarios que usan sus propios vehículos para trabajar en un municipio sin flota oficial: “Eso es amor a Valle Viejo”.
Consultada por una eventual candidatura del intendente capitalino Gustavo Saadi a la Gobernación, Zenteno respaldó la posibilidad. “Gustavo cumple con esas expectativas que hoy hacen falta: un gobierno más humano, más pegado al vecino, con visión de equidad”, afirmó. Consideró que la política necesita “nuevas caras” y anticipó que seguirá en actividad, pero con otro rol: “Poner la patita para que los demás lleguen y acompañarlos”.
En materia de gestión, reconoció que el municipio “siempre estuvo muy complicado económicamente”, con entre el 90 y el 92 % de la coparticipación afectada. Explicó que las obras avanzan gracias a la mano de obra municipal y a la búsqueda de precios. “Los bancos los hacemos nosotros, el cordón cuneta lo hacemos nosotros. No contratamos un vivero que venga y ponga los árboles”, detalló.
El principal reclamo de los vecinos son las calles de tierra, pero Zenteno remarcó que no se podía asfaltar sin antes resolver las cloacas, obra que ya tiene un avance del 85 % y quedaría terminada el año próximo. “La obra de cloaca debería haber sido finalizada hace más de 12 años”, cuestionó. Admitió que los trabajos generaron hundimientos y recordó que ella misma tuvo la calle abierta en Sumalao. “Hay que ser ordenados”, dijo.
Repasó obras como el asfaltado del barrio Don Félix, la avenida Ocampo, las veredas —“las primeras de Valle Viejo las hizo esta gestión”— y agradeció al Gobernador la asistencia para pagar el aguinaldo municipal, “un alivio increíble”.
Entre los trabajos previstos mencionó el polideportivo, la plaza, la ampliación de la posta de Santa Rosa, el cordón cuneta de Tristán Lobo y el Circuito de la Vida II. En el barrio 140, definido como “una deuda histórica”, se ejecutan un parque lineal, veredas, cloacas, cordón cuneta y asfalto, además de gestiones para reubicar familias en zona inundable.
Sobre las críticas opositoras, valoró a quienes señalan problemas y aportan soluciones, como el exconcejal Carlos Luján. En cambio, cuestionó a sectores que “pegan por color político”. También apuntó contra algunos medios: “Me han criticado desde el primer día y se han dedicado a tratar de destruir esta gestión, pero yo me apoyo en los vecinos”.
El presidente regional de Stellantis, Herlander Zola, afirmó que el grupo evalúa cerrar las fábricas de Fiat y Peugeot en el país. Cuestionó los costos laborales, la apertura de importaciones y la caída del mercado local. Hay 5.000 puestos de trabajo en riesgo.

El Grupo Stellantis no descarta cerrar una o incluso sus dos plantas en la Argentina. Así lo confirmó Herlander Zola, presidente del grupo para América del Sur, quien cuestionó los costos de producción locales y advirtió que la apertura de las importaciones deterioró la competitividad de la industria automotriz nacional.
“Tenemos dos plantas en la Argentina. Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos trasladar la producción de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar ambas. El costo de la mano de obra en la Argentina es el doble que en Brasil. Todo puede pasar”, afirmó Zola en declaraciones al medio brasileño Exame.
Stellantis opera dos complejos industriales: El Palomar, en Buenos Aires, donde se producen los Peugeot 208 y 2008; y Ferreyra, en Córdoba, donde se fabrican los Fiat Cronos, Titano y la Ram Dakota. Entre ambas plantas hay 5.000 empleos en juego.
En mayo, el grupo ya había decidido mudar la producción de Citroën a Brasil, acompañado por suspensiones y un plan de retiros voluntarios para reducir personal. Ahora, Zola vinculó las dificultades con la mayor competencia de vehículos importados y con la estructura de costos argentina. “Con el mercado cerrado funcionaba. Con el mercado abierto, nos deja fuera de juego”, dijo ante Automotive Business.
El ejecutivo señaló que el costo laboral argentino duplica al brasileño y que el parque de proveedores local “no es competitivo”. También atribuyó parte del ajuste a la caída del mercado de Peugeot en Argentina, que era el principal destino regional de la marca.
Zola mencionó además el avance de los autos chinos y la mayor competitividad de los vehículos fabricados en Brasil, que ingresan al país con precios más bajos que los modelos nacionales.
Aunque las advertencias apuntan a la Argentina, el ejecutivo aclaró que las decisiones industriales dependerán también del mercado brasileño, que representa el 65 % del volumen regional. “Sin previsibilidad sobre Brasil, es difícil tomar decisiones industriales en América del Sur”, afirmó.
En El Palomar, la producción ya se redujo drásticamente: de 400 autos diarios pasó a 300, y ahora se fabricarán solo 4.000 unidades mensuales, menos de la mitad de la capacidad instalada.
La reclusa de Tennessee, condenada a muerte por un crimen de 1995, abrió los ojos una semana después de una fallida ejecución con doble dosis de pentobarbital. El caso desató una crisis institucional, la suspensión de todas las ejecuciones y un debate nacional sobre la pena de muerte.

La fallida ejecución de Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee por un asesinato cometido en 1995, derivó en una crisis institucional sin precedentes en Estados Unidos. La mujer, de 50 años, sobrevivió a dos intentos de ejecución con inyección letal y despertó en un hospital una semana después, cuando se creía que había sufrido muerte cerebral.
Según su abogado, Randy Spivey, hasta el lunes por la noche los médicos consideraban retirar el soporte vital. Sin embargo, Pike abrió los ojos y preguntó: “¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?”, en un giro inesperado que expuso fallas graves en el procedimiento de ejecución.
No existe registro en Estados Unidos de una persona que haya sobrevivido a una inyección letal, lo que convierte el caso en un hecho sin precedentes.
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente sobre lo ocurrido en la cámara de ejecución de Nashville el 30 de septiembre y suspendió todas las ejecuciones en el estado por lo que resta del año.
El anestesiólogo Joel Zivot, asesor del equipo de defensa, afirmó que la supervivencia de Pike se debió a un error técnico: el pentobarbital no habría ingresado correctamente al torrente sanguíneo. Tras la primera dosis fallida, los funcionarios aplicaron una segunda, como indica el protocolo estatal, pero tampoco produjo la muerte. El fármaco se habría dispersado en el tejido subcutáneo de los brazos, impidiendo su circulación.
Durante el procedimiento, los funcionarios utilizaron al menos siete agujas para intentar colocar vías intravenosas. Testigos relataron que escucharon a Pike llorar, gemir y respirar con dificultad.
Cuando se comprobó que no moriría tras la segunda dosis, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde recibió atención médica obligatoria por ley. Allí permaneció inconsciente hasta que finalmente despertó en las últimas horas.
El caso reavivó el debate nacional sobre la pena de muerte, los métodos de ejecución y la responsabilidad del Estado en procedimientos que, según especialistas, presentan fallas estructurales y riesgos de tortura.