NOTICIAS
LOCALES:
Educación aclaró que la investigación a la docente es preliminar y no implica sanción
El Ministerio de Educación y Trabajo afirmó que la investigación sobre la docente Lucía Coronel es una instancia administrativa preliminar que no supone sanciones ni suspensión de funciones. El organismo respondió a un oficio judicial y negó que exista afectación de haberes.
El Ministerio de Educación y Trabajo salió al cruce de las declaraciones públicas de Lucía Coronel, docente investigada por presunta falsificación y uso de instrumento público y defraudación contra la administración. El organismo aseguró que su intervención se limitó a responder un oficio de la Fiscalía de Instrucción Penal de Séptima Nominación, que solicitó información sobre si la docente incorporó o invocó como antecedente un título del Instituto Superior Clara J. Armstrong, donde se detectaron presuntas inconsistencias documentales.
El Ministerio informó que se inició la Investigación Presumarial DISPC-2026-180-E-CAT-DPSD#MET, conforme al Decreto 413/00, para verificar la eventual presentación de un título apócrifo. Esta instancia, aclararon, es preliminar, de carácter administrativo y prevista por el Reglamento de Sumarios para el Personal Docente de Catamarca.
Su finalidad es reunir antecedentes, verificar hechos, recabar pruebas y determinar si corresponde avanzar hacia medidas posteriores. Por lo tanto, remarcaron que no implica imputación, inconducta ni sanción, y que no determina responsabilidad administrativa.
El Ministerio subrayó que, contrario a lo que afirmó Coronel en medios, la investigación no implica suspensión de funciones ni cese de haberes, por lo que la docente debe continuar prestando servicios hasta que finalicen las actuaciones.
NACIONALES:
Multan en Pinamar a un dirigente de LLA por conducir alcoholizado
Juan Pablo Allan, referente de La Libertad Avanza en La Plata, fue demorado en un control de tránsito en Pinamar y dio positivo en alcoholemia. Le retuvieron la licencia y quedó suspendida por 90 días.
El dirigente Juan Pablo Allan, ex PRO y actual referente de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, fue demorado durante un control de tránsito realizado el fin de semana en la rotonda principal de Pinamar. El test de alcoholemia arrojó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero.
Fuentes del operativo confirmaron que Allan circulaba al volante de un Toyota Yaris gris cuando fue detenido en un control de rutina. Ante el resultado positivo, las autoridades procedieron al retiro de su licencia de conducir, tal como establece la normativa vigente.
El vehículo no fue secuestrado: una acompañante identificada como M.A. se hizo cargo de la conducción y retiró a Allan del lugar. La sanción aplicada contempla la suspensión de la licencia por 90 días.
Allan desarrolló buena parte de su carrera política en La Plata. En su cuenta de Instagram se presenta como escribano público, ex senador provincial (2015–2023), ex director ejecutivo del RENAR, y actualmente como concejal de La Plata, cargo que ocupa desde 2025.
El episodio ocurrió durante un control de tránsito en Pinamar y derivó en la sanción correspondiente por circular con presencia de alcohol en una jurisdicción donde rige la tolerancia cero.
INTERNACIONALES:
Madrid: Maricarmen logró un acuerdo para volver a su hogar tras el desalojo
La jubilada de 87 años alcanzó un principio de acuerdo con la empresa propietaria del inmueble y podría regresar al departamento donde vivió durante 70 años. El arreglo prevé un alquiler accesible y un plazo de permanencia de ocho años.
Maricarmen Abascal, la jubilada española de 87 años desalojada la semana pasada de su departamento en Madrid, alcanzó este lunes un principio de acuerdo con la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión para regresar al piso que habitó durante 70 años. La mujer, que tiene un 50% de discapacidad, pasó los últimos días internada en un centro médico mientras esperaba la reunión clave.
El encuentro se realizó en la Oficina de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, con la presencia de Maricarmen, su abogada Beatriz Duro, representantes de la empresa y del Ayuntamiento. Según informó Duro, hubo un “cambio de foco” y se acordó que la jubilada podrá volver al departamento por ocho años, con un alquiler que represente hasta el 30% de su jubilación, similar al monto que pagaba antes.
El contrato, que contiene 20 cláusulas, fue elaborado durante una reunión de cuatro horas y se ajusta a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. Aún resta definir la letra chica antes de la firma definitiva.
El conflicto comenzó en 2018, cuando Urbagestión compró el edificio y otros inmuebles. El contrato de renta antigua, firmado por el padre de Maricarmen en 1956, quedó bajo revisión. La ley española contempla subrogaciones por dos años tras la muerte del titular o hasta cumplir 25 años de permanencia, pero exige un 65% de discapacidad para extender el beneficio, condición que la mujer no cumple.
La empresa aumentó el alquiler a 1.650 euros, pese a que la jubilación de Maricarmen es de 1.450 euros, lo que derivó en el conflicto y finalmente en el desalojo. Sus pertenencias quedaron dentro del piso mientras ella era trasladada a un centro médico.
La campaña para evitar el desalojo movilizó a miles de personas y culminó con una marcha de 10.000 vecinos en el distrito de Retiro. Ahora, Maricarmen espera el alta médica para regresar al hogar que ocupó durante siete décadas.